El abanderado del PAN obtuvo el 35.88 por ciento, mientras el de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, logró 35.31 por ciento, una diferencia de 0.57 puntos porcentuales.
Felipe Calderón sumó 14 millones 981 mil 268 votos, López Obrador 14 millones 745 mil 262, Roberto Madrazo nueve millones 300 mil 081, Patricia Mercado un millón 127 mil 963 y Roberto Campa 401 mil 676.
Luego de más de 30 horas, los consejos distritales concluyeron a las 15:10 horas de jueves el cómputo total de las actas de votos de la elección de presidente de la Republica.
Se computaron 130 mil 477 actas con una votación total de 41 millones 758 mil 191 sufragios, de los cuales 40 millones 854 mil 210 fueron calificados como válidos y 903 mil 81 como nulos; 297 mil 960 fueron en favor de candidatos no registrados.
Felipe Calderón Hinojosa obtuvo el mayor porcentaje de la votación con 35.88 por ciento, seguido por Andrés Manuel López Obrador con 35.31.
El candidato de la Alianza por México, Roberto Madrazo, recibió 22.27 por ciento de los votos emitidos; la abanderada de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Patricia Mercado, 2.7 por ciento; y el de Nueva Alianza, Roberto Campa, 0.96 por ciento.
Verificado el resultado de las elecciones federales del domingo 2 de julio, con el cómputo que realizaron los consejos distritales del Instituto Federal Electoral, IFE, debemos de cuidar que las diferencias entre los partidos no degeneren en divisiones entre los mexicanos.
La intensidad de la pasión política debe ser acotada por la ley y por la responsabilidad suprema de mantener la paz pública. Ninguna contingencia electoral -que a fin de cuentas habrá de resolverse por las vías legales establecidas- vale para quebrantar la tranquilidad social.
Cada partido y cada candidato tienen el derecho de defender sus votos, pero dentro del campo de la legalidad y sin alterar la normalidad de la vida nacional. Cada ciudadano espera, con razón, que su voto valide la elección.
Queremos un gobierno emanado limpiamente de la voluntad popular, apoyada en instrumentos legales e instituciones surgidas del consenso y constituidas por representantes de todos y cada uno de los partidos políticos legalmente registrados.
Hasta ahora no conocemos motivos para cuestionar la rectitud de quienes están encargados de la operación de los órganos electorales y, por el contrario, es motivo de certidumbre y de confianza que casi un millón de ciudadanos, como cualquiera de nosotros, hayan sido funcionarios en las casillas de votación.
Es imposible suponer una masiva operación de manipulación y fraude, pero no son descartables fallas y errores humanos, de ningún modo generalizados como para desnaturalizar una elección nacional.
Si de algo sirve el cómputo de votos es para disipar las dudas en los resultados. A ello debemos atenernos. De haber quejas o impugnaciones con fundamento, contamos con un tribunal especializado para atenderlas, investigarlas y resolver sobre las mismas en justicia y con presteza.
Los cómputos no deben ser motivo para que la sociedad pierda el sosiego y se angustie por rivalidades electorales susceptibles de ser superadas de forma democrática; ese parece ser el desafío en la hora presente. Nuestro verdadero reto está en ser maduros políticamente.
Es inevitable advertir que llegamos a esta situación de reclamaciones después de una prolongada y a menudo aceda campaña electoral que nos desgasta políticamente, nos distrae de las actividades propias, nos perturba socialmente y, además, nos sale demasiado onerosa.
Requerimos ya, con urgencia, de una reestructuración de nuestro sistema de gobierno, mejor adecuada a la redistribución del poder que se ha dado en el último decenio, y de una revisión de nuestras reglas e instrumentos electorales que, con todas sus reconocidas bondades, son seguramente perfectibles. Si no comenzamos por identificar nuestras deficiencias, estamos condenados a vivir con ellas.
Una vez conocido el resultado último del conteo, hay que aceptarlo de buena fe, y quien así lo considere, que se inconforme con razón y dentro de la ley. No convendría pretender que las instituciones que hemos creado para cuidar nuestros votos violen la ley. Ese sería el principio del fracaso de nuestra democracia y eso nadie en México, hoy, lo quiere.
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