Y lejos de emprender una estrategia de control de daños tras el resultado final de la campaña electoral —y tras los primeros 40 días de costosa campaña postelectoral— Amlo, sus estrategas y sus (cada vez menos) seguidores continuaron infligiéndole daños al país y auto-infligiéndose daños adicionales con sus ilegales desplazamientos y obstrucciones contra las libertades de los particulares, el patrimonio público y los derechos de las personas físicas y morales.
En realidad sí se registró ayer —el último día laboral— un intento de control de daños en uno de los flancos más auto-perjudicados del bando perredista, por las acciones inconsultas de su derrotado candidato presidencial: el gobierno perredista del Distrito Federal.
Consumido el merecido prestigio que llegó a tener su actual titular, tras doblegar el poder y la investidura del gobernante al capricho del ex gobernante local y ex candidato presidencial, y acumuladas por miles de millones las pérdidas arbitrariamente impuestas a los particulares por la ocupación ilegal de la ciudad, del Zócalo al Periférico, Alejandro Encinas resolvió otorgar una compensación fiscal a los hoteleros y restauranteros, no sólo en discriminación de todos los demás particulares afectados, sino disponiendo discrecionalmente de las finanzas públicas del Distrito Federal.
Eso y no otra cosa significa que los restaurantes y hoteles que operan en el Distrito Federal dejen de pagar impuestos locales en forma retroactiva, a partir del primero de agosto, como una medida para amortiguar las pérdidas provocadas por el plantón, los bloqueos y las marchas que ordena Amlo, de acuerdo a la información aportada ayer por el Consejo Empresarial Turístico Empresarial y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.
Los daños generados por Amlo, con cargo a los habitantes del DF.
Y no es que se dude que esa compensación “es —como dice el director de ese Consejo privado— un pequeño paliativo para el costo tan alto que toda esta situación provoca en los restaurantes y hoteles de la capital”, sino que, primero, si el jefe de gobierno hubiera cumplido sus responsabilidades para proteger a los gobernados de la acción ilegal ordenada por el caudillo de su movimiento, no habría pérdidas qué compensar. Y, segundo: el monto que dejará de percibir la tesorería del Distrito Federal con esa medida es un costo para la ciudad y una carga para todos los contribuyentes, carga y costo impuestos sobre los habitantes de la ciudad, para pagar los daños que de manera flagrante están —impunemente— generando, induciendo, ordenando infractores por todos conocidos.
Si la actividad turística aporta 8.1% del PIB del DF y si el costo para las arcas de la capital del país pudiese superar 40 millones de pesos mensuales, ya que sólo por el impuesto de hospedaje se recauda en promedio 8 millones de pesos al mes, la creciente conciencia ciudadana del principio de rendición de cuentas de los gobernantes estará ahora prendiendo focos de alerta sobre las responsabilidades de los infractores y la lenidad de las autoridades.
Y, lo más costoso para el propio partido de Amlo: la exhibición, a escala local, nacional e internacional de esta forma de ejercicio o no ejercicio del poder público, de la que el resultado de las urnas salvó al país, y que seguirá menoscabando el capital político acumulado por el PRD, registrado en la votación más alta que haya tenido esta formación en sus diferentes denominaciones a lo largo de la historia.
Amlo insiste en deshacer entre sus manos las altas tasas de aceptación registradas en las urnas, en los estudios de opinión, en las tomas de posición de personalidades sociales relevantes y en las simpatías e inclinaciones de una parte apreciable de los medios nacionales e internacionales.
En México pierde crecientemente la credibilidad que lo favorecía, como la pierden los reductos mediáticos nacionales que permanecen afines a sus conductas contra la población.
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